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Reparación Colectiva

¿Qué es la reparación colectiva?

La Ley 1448 de 2011 y Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, específicos para las comunidades y pueblos étnicos establecen, en el marco de un proceso de justicia transicional, un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que posibilitan el goce efectivo de los derechos de estas víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición, reconociendo su condición de víctimas y dignificándolas a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

Uno de los aportes fundamentales de la Ley de Víctimas es la creación del Programa Administrativo de Reparación Colectiva, desde el reconocimiento de los daños colectivos que han afectado comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron, con el fin de contribuir a su reparación desde los componentes político, material y simbólico, a través de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

El programa de reparación colectiva, adicionalmente, implica un diálogo político entre la institucionalidad y la sociedad civil que conforman los sujetos de reparación colectiva en la perspectiva de recuperar niveles de confianza desde el diálogo ciudadano, alrededor de los hechos ocurridos, los daños colectivos y la reparación. De esta forma se fortalecen las capacidades políticas, ciudadanas y de gestión de los sujetos de reparación colectiva, contribuyendo a la reconciliación.

¿Quiénes son sujetos de reparación colectiva?

Son Sujetos de Reparación Colectiva las comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron, que sufrieron daños colectivos, es decir, transformaciones a sus elementos característicos como colectivo debido a vulneraciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos y violaciones a los Derechos Colectivos en el contexto del conflicto armado.

¿Qué es el Plan Integral de Reparación Colectiva?

Es el conjunto de acciones que en concertación con el Sujeto de Reparación Colectiva y de acuerdo al alcance administrativo del Programa, contribuyen a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, político y económico.

Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria

La Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, es la encargada de diseñar mecanismos eficaces y eficientes para asegurar que los destinatarios reciban la asistencia humanitaria completa y oportunamente, así como implementar los planes, programas y proyectos en materia de ayuda, atención y asistencia humanitaria.

De igual forma, a través del Grupo de Servicio al Ciudadano adscrito a la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, se encarga de diseñar, consolidar, tramitar y fortalecer la respuesta institucional de todas las dependencias de la entidad, que ingresen a través de los canales de atención dispuestos, en virtud de la «Política Nacional de Servicio al Ciudadano». Lo anterior, en términos de calidad, control y oportunidad, según los lineamientos definidos por la Unidad para las Víctimas, para dar cumplimiento a lo ordenado en el marco normativo.

De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, cuenta con dos procesos estratégicos relacionados con la atención y la asistencia a las víctimas. El proceso de Atención es implementado a través del Grupo de Servicio al Ciudadano y los canales que lo conforman, y el proceso de Gestión para la Asistencia está a cargo de dos grupos de trabajo y las líneas transversales que soportan y apoyan la operación.

¿Cómo lo hace?

Proceso de Atención:

Tiene como objetivo brindar atención y orientación a la población víctima y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional y territorial a través del diseño, a través de los canales dispuestos por la Unidad.

La Unidad para las Víctimas, a través del Grupo de Servicio al Ciudadano, dispone diferentes esquemas y canales, a través de los cuales se presta un conjunto de servicios con diversas características, que son indispensables para el cumplimiento de las funciones básicas para garantizar la adecuada atención a las víctimas.

Proceso de Gestión para la Asistencia: 

El proceso de gestión para la asistencia, tiene como objetivo determinar la entrega o no de la Atención humanitaria a las víctimas incluidas en el Registro Único de víctimas por desplazamiento forzado y de la Ayuda Humanitaria, a víctimas incluidas por hechos diferentes como homicidios, atentados, etc. 

Las rutas establecidas para el análisis, reconocimiento y entrega de la atención y la ayuda humanitaria son los siguientes:

A. Ruta para la entrega de atención humanitaria por desplazamiento forzado

Es una medida asistencial dirigida a mitigar las carencias en el derecho a la subsistencia mínima derivadas del hecho victimizante, en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, de conformidad con el resultado del procedimiento de identificación de carencias, el cual nos permite determinar la situación real de los hogares.

Las rutas para el trámite de la Atención Humanitaria son:

  1. Ruta de primer año: Aplica para los hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el RUV que se encuentren dentro de su primer año de desplazamiento. Para estos casos se presumen carencias graves y aplica la entrega automática de la atención humanitaria.
  2. Procedimiento de identificación de carencias en los componentes de la subsistencia mínima: Aplica para los hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el RUV con fecha de desplazamiento mayor a 1 año, a partir de la solicitud.  Se tramita por solicitud de la víctima a través de los canales de atención. Se atiende de acuerdo con el resultado del procedimiento.
  3. Ruta de trámite especial: Aplica para tramitar las solicitudes de atención humanitaria en donde no sea posible la aplicación de procedimiento de identificación de carencias. A estos casos se les asignará un giro de atención humanitaria con vigencia de 4 meses.

El procedimiento comienza con la entrada de las solicitudes a través de los canales de atención de servicio al ciudadano, continúan con el proceso de validación y trámite y con la colocación de los giros de atención humanitaria cuando aplique. Adicionalmente, las respuestas son enviadas para la emisión y notificación de los actos administrativos de reconocimiento o suspensión de la medida. 

VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir
entre el autor y la víctima.

PRINCIPIOS GENERALES DE LAS VICTIMAS

DIGNIDAD. El fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio de la dignidad.
El Estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y reparación establecidas en la presente ley, contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes.

PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.
En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas.

IGUALDAD. Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.

GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO. El Estado a través de los órganos competentes debe garantizar un proceso justo y eficaz, enmarcado en las condiciones que fija el artículo 29 de la Constitución Política.

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